Siempre creí que los
cambios legislativos importantes acostumbran a hacerse presentes con mucha
lentitud respecto a la realidad social. Y si a eso le sumamos la lentitud de la
administración y la voluntad política para dotar económicamente a les leyes innovadoras
nos podemos encontrar como resultado ejemplos como la "Llei de drets i
oportunitats de la infància" catalana, absolutamente puntera y innovadora
pero implementada sólo en un 50-60% a doce años vista de su aprobación… doce!!!
El tema de que el gobierno catalán siempre tiene la excusa del expolio español
es -pese a sus evidentes razones- tema aparte. Por ello tras leer sobre la
propuesta y aprobación de la "Ley Rhodes" de protección a la infancia
en España impulsada por UP debo -como educador social y como ciudadano-
comentar algunos aspectos:
- Me alegra enormemente que por fin un gobierno tome como reto la protección a la infancia como algo fundamental aceptando el reto de plantar cara a un mal endémico en nuestras sociedades. Creo que es toda una declaración de intenciones y denota un alto grado de responsabilidad social. Decir que todas las medidas adoptadas me parecen positivas y realistas, bien planteadas y adecuadas. Pero debo decir más. Sigo.
- La protección es sólo un aspecto de muchísimos que cabe abordar con la infancia. Y es que la simple protección denota una visión de nuestros niños anclada en el siglo XX dónde la infancia era vista como una parte de la sociedad débil, "en desarrollo, sin criterio propio, sin voz"; un conglomerado de personas dignas de todo el cariño, cuidado y amor pero que tan sólo eran y son un proyecto de ciudadanos y no unos ciudadanos en sí… de la crítica de esa visión aparecen las innumerables declaraciones de intenciones políticas referentes a la participación de los niños y niñas en la sociedad y de los centenares de proyectos, leyes y normativas que sugieren abordar esa cuestión que por mi experiencia debo decir que en su gran mayoría han fluctuado entre los famosos "niños florero" de Hart y entre los primeros peldaños de la participación que ese mismo autor sugería ya en los años setenta. Y sí, la ley Rhodes tampoco aborda ese tema, de hecho ni lo menciona.
- La ampliación de las penas y el aumento de los años para prescribir un delito contra la infancia me parecen un acierto a todas luces puesto que hay muchos adultos que no pueden relatar un abuso hasta bien entrados en la madurez. Otros, sin embargo, no podrán jamás. Y es que poner en énfasis en la parte jurídica es necesario pero no debe ser la única cuestión clave.
- Cuestión clave sí debe ser hacer énfasis en la detección y lógicamente en la prevención. Y en este sentido esta ley abre la puerta a una innovación nunca vista antes y que a todas luces me parece el proyecto estrella: la creación del coordinador/a de bienestar y protección en los centros educativos. Gran acierto el nombre (bienestar antes que protección) y tremendo acierto el hecho de proponer un nuevo profesional en los centros educativos no sólo centrado en lo académico. Hacía siglos que todos los colegios de educadores/as sociales de España reclamaban esa figura en centros de primaria y institutos. Un profesional dedicado al bienestar de los niños/as y adolescentes, promoviendo acciones de civismo, bienestar a la vez que detectando situaciones peligrosas o trabajando codo con codo con los servicios sociales o terapéuticos llegado el caso. Como pedagogo pero especialmente como educador social siento en el alma que el gobierno no haya promovido en la ley que esa figura profesional recaiga directamente en la profesión que siempre ha reclamado ese lugar y ha detectado esa necesidad y cuyos profesionales más preparados y motivados están para ejercer ese rol que no sólo debería leerse como figura ligada a los servicios sociales sino como enlace con la comunidad, de la que la escuela nunca debió salirse y en la que muchos maestros y maestras andan empecinados en trabajar pese a los pocos resquicios que la ley educativa les permite.
- En una charla que di hace unos cuantos años para profesionales de servicios sociales de Catalunya abordé el tema de la parentalidad/marentalidad positiva como aspecto clave de la educación del presente y el futuro tal y como la Ley Rhodes también indica sin hacer hincapié en la manera de implementarse. En ella hablaba de muchos temas pero al final de todo dediqué un tiempo para hacer "ciencia ficción" pensando cómo serían las cosas con un incremento de recursos y figuras profesionales y proyectos tanto en la escuela como fuera de ella. Uno de los ejemplos de esta "ciencia ficción" pasaba por una figura similar a la propuesta en la ley. Podéis verla en la siguiente infografía (lo siento para los lectores no catalanoparlantes aunque se entiende bien en español, creo).
Como
podéis leer proponía tres niveles de trabajo. Uno de "Soporte Universal" al que cualquier niño/a
y familia debe de tener acceso con un profesional de la Educación Social
dedicado a desarrollar trabajo con grupos familiares (en horarios
extraescolares), a hacer formación y soporte a maestros y maestras, a
implementar actividades con familias y sus hijos relacionadas con la
parentalidad/marentalidad positiva, a impulsar acciones cívicas en el centro
educativo o a hacer de enlace con la comunidad, campañas de convivencia, etc.
El
segundo nivel de "Prevención"
pasaría por hacer de soporte tutorial, de enlace con las familias y la escuela,
por orientación a dirección en determinadas situaciones, por abordaje de
situaciones de acoso, proyectos de mediación, de participación infantil y
juvenil, etc. El tercer nivel "Intervención"
ya pasaría por abordar situaciones concretas de alumnos y alumnas con
situaciones complejas a nivel personal y/o familiar dando apoyo semanal a los
maestros y maestras, coordinándose con servicios sociales o equipos de
protección, terapéuticos o de otro tipo,
abordando el absentismo o situaciones diversas que se dan.
Se
trata de una propuesta a tres niveles partiendo de la base que un profesional
de la escuela tiene como misión trabajar el bienestar, la protección y el
desarrollo personal y familiar. Parece una tarea épica para un solo profesional
para cada centro educativo pero estoy seguro de grandes resultados con una
buena organización. Para mí se trata de una medida necesaria si creemos que los
centros educativos son espacios de educación y no puramente académicos.
Nuestros maestros/as y profesores/as saben que cada dia están lidiando con
situaciones que les superan y parches como los puestos en Catalunya como la
introducción en las escuelas y institutos de la figura del Integrador Social no
ayudan en absoluto, máxime cuando esa figura ha sido relegada a que la
dirección de cada centro la use como quiera encontrándonos a profesionales
haciendo de conserjes, administrativos, ayudantes de monitores de comedor o
simples machacas realizando contención emocional y a veces física con aquellos
alumnos más descontrolados que el centro no consigue controlar.
Y
dicho todo esto, emplazo a UP, al Sr Iglesias y al ministerio de educación a
que encajen esta ley en otra futura mucho más compleja y que contemple toda la
vida de los niños y niñas tanto en sus derechos como en sus obligaciones que se
dirija a la igualdad de oportunidades y aborde cuestiones clave como la
equidad, el acceso a las actividades extraescolares gratuitas y integradas en
la escuela pública, la conciliación familiar pensada desde las necesidades de
los niños/as más que en las del sistema económico para el que trabajan sus
padres y madres, su participación real en la vida pública, las necesidades
brutales de proyectos para la etapa 0-3 y la pequeña infancia, la importancia
de la lectura y la capacidad crítica, los proyectos de prevención familiar para
evitar tutelas administrativas que nunca debieron de darse con un sistema de
protección moderno (y lo digo como director de un centro de protección), los
proyectos de educación en y de calle, el apoyo de profesionales en el hogar, la
salud mental infantil y tantos otros que siempre quedan en el tintero porque no
nos engañemos, todo ello suena muy bien y necesario pero se trata de elementos
difícilmente defendibles a nivel político y económico.
Parece
que se ha dado un pasito. No nos conformemos. Ni como profesionales de la
educación ni como ciudadanos.
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