DGPPIA Y PREVENCIÓN

 

Siempre tuve la sensación de que nuestra profesión y las personas a la que atendemos no fueron jamás prioridad en la agenda política. Ello es una obviedad en aquellos partidos identificados como las “derechas” o los “demócratas cristianos”, como en los ochentas y noventas gustaron denominarse en Catalunya para una diferenciación más clara de las casposas élites estatales.

Sin embargo, tampoco los supuestos partidos progresistas terminan apostando por nosotros y menos aún por el aparato de protección a la infancia.

 

Ni estamos ni estaremos en la agenda política porque no somos ninguna prioridad que de réditos electorales. Las familias, infancia y adolescencia que atendemos no son ni tantos como para que “se evidencien” en las elecciones ni cuentan con gran  incidencia en la creación de opinión pública. Cuando se dan estos elementos, pura y llanamente, estamos ante un conjunto de población invisible para la casta política. 

 

Nuestro ámbito de protección a la infancia, concretamente la actual DGPPIA, antigua DGAIA, DGAI o DGAM siempre se ha entendido y tratado como actividad de intervención, es decir, del tratamiento de la tutela, acompañamiento a las familias, centros, acogidas, etc.  El término “prevención” siempre ha estado en boca del cien por cien de expertos, profesionales y políticos progresistas que, una vez en el poder y observando la envergadura de la situación, han terminado mirando para otro lado.

 

En este orden de cosas, la administración considera al sistema de protección como un "marrón" inmenso puesto que no responde a la mejora de condiciones de vida de una parte de la población que lo va a agradecer en las urnas sino más bien a un ámbito que puede ser usado políticamente en cualquier momento sin mayores beneficios. Por ello y dejando al margen los diversos escándalos destapados estos últimos dos años relativos a cierta opacidad en las prestaciones a jóvenes extutelados y diversos intríngulis financieros en los años en que la Dirección general andaba en manos de ERC, todos los técnicos que trabajamos en el sistema tememos aquello de "salir en los periódicos". Y es que nuestra responsabilidad inmensa en un sistema que retira funciones parentales a las familias, que acoge y tutela a niños y niñas y que debe hacerse cargo de sus vidas de manera integral siempre está en el ojo del huracán periodístico -atendiendo al gobierno de turno serán unos medios u otros los que muestren su voracidad- y puede ser usado como arma política de gran calibre.

 

Así pues, yo trabajo como parte importante del sistema de protección (la dirección de un recurso residencial) y soy consciente que desde la mirada política (tanto da el color), mi trabajo no aporta demasiado al impulso de uno u otro partido. Tal vez desde un par o tres de colores sí que se valore nuestra aportación a la sociedad y el valor de nuestro esfuerzo (desde otros tres seguro que no). Pero nuestro trabajo no se evidencia en el electorado final. Sin embargo -y de ahí gran parte de las preocupaciones del sistema- lo que sí afecta con gran estropicio son las negligencias, las malas prácticas, irregularidades, injusticias y grandes barrabasadas que los medios relaten, descubran, muestren o hasta medio inventen.

Hechos que, por desgracia, pueden darse y se han dado en el sistema de protección como abusos entre adolescentes, trámites mal realizados, violencia y malos tratos, injusticias para con familias, negligencias, equivocaciones u otros desastres tienen un impacto tan desmesurado para las personas implicadas que son la carnaza perfecta para que los medios puedan "crujir" a conciencia a la dirección general a cargo del partido de turno. Lo que menos importará en ese momento son las personas (casi siempre niños, niñas, adolescentes y familias) y saldrá a la palestra en todo su esplendor el cuestionamiento de protocolos, la depuración de responsabilidades en cascada progresiva, como siempre: los periódicos apuntan a presidencia, esta a su vez a Conselleria que dispara hacia dirección general y de ahí hasta llegar a la dirección del recurso o al técnico en concreto al que abrir el expediente informativo como poco. Es el juego político de toda la vida a través de los medios, aunque en nuestro ámbito las vidas en concreto no le importan a casi nadie: el periodista de turno se ensaña o protege en nombre de su "línea editorial", la administración cumple su cometido de depurar responsabilidades verificando todos los pasos de la supuesta negligencia y el político salva la situación desviando el tema para otro lado. Y al final, las personas afectadas, las víctimas de situaciones injustas vuelven a invisibilizarse en las tinieblas de la administración para no reconocer que muchas de estas situaciones injustas, de negligencias, abusos, desastres, situaciones violentas, injusticias, etc realmente no existirían o serían infinitamente más leves con una dotación adecuada de recursos para ayudarles de verdad.

 

Vamos ahí con algunos "detalles" rápidos que la población desconoce sobre el sistema de protección a la infancia:

• La infancia y adolescencia tutelada no ha dejado de crecer en Catalunya los últimos años de forma brutal.
• Las emergencias, incidencias graves, fugas, etc en las diversas tipologías de centros tampoco han dejado de crecer en un sistema de proyectos residenciales dónde abunda la falta de plazas, las listas de espera, los ingresos urgentes en recursos poco adecuados, los equipos quemados, las direcciones desbordadas…
• Los EAIA (equipos encargados de acompañar socioeducativamente a niños y familias, pero también de promover tutelas con ingreso en centro) trabajan a destajo abrumados por un sistema administrativo que sumado al creciente número de personas que requieren atención provoca que muchas situaciones complejas evolucionen hacia verdaderas urgencias insalvables.
• La problemática social relacionada con la alarma en salud mental infantil y adolescente se dispara hasta límites inimaginables en nuestro ámbito, en el que miles de niños y niñas que han vivido en contextos familiares de negligencia y maltrato deben ser acompañados después por profesionales, ya sea en centros o acompañando acogidas familiares en una inevitable falta de recursos de salud mental endémica por mucho que existan pequeños convenios interdepartamentales entre salud i drets socials.
• La gran mayoría de profesionales dedicados a la atención en centros residenciales andan sumidos en una precariedad laboral indignante (dado el trabajo brutal que tienen) puesto que casi todos ellos trabajan en entidades del tercer sector sujetas a convenios que la administración tampoco ayuda a mejorar. De hecho, la gran mayoría de los educadores y educadoras cobran apenas la mitad que sus escasos compañeros de la función pública para ejercer exactamente el mismo trabajo, recordemos, un durísimo trabajo. Ello provoca -recordemos que los profesionales ponemos cuerpo (literal) y alma en el trabajo- que el abandono laboral, las rotaciones de personal y el desánimo sean tónica general en lugares de protección en los que debería primar la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad absoluta para con la infancia y adolescencia acogida, por desgracia acostumbrada a ir perdiendo referentes afectivos y actuando ello a la contra en su proceso vital.

 

Seguramente también debería nombrar muchos de los aciertos de técnicos, administración, profesionales y demás, pero sin duda me estaría centrando en el quehacer de personas y proyectos concretos que sí que apuestan y trabajan incansablemente en beneficio de la infancia.

 

Sería muy injusto acusar al gobierno de turno o al anterior de la situación a la que llegamos porque todo ello no es fruto de una sola decisión sino de un acúmulo histórico lleno de aciertos (el nuevo sistema de serveis socials desde los noventa, la desinstitucionalización de los ochenta, la llei de drets i oportunitats, la cartera de serveis socials y otros) y de errores o negligencias variadas.

 

Pero todo ello nos ha llevado hasta el dia de hoy. Y hoy justamente me gustaría detenerme en el cambio en las siglas. La DGAIA ha pasado a denominarse DGPPIA (Direcció general de PREVENCIÓ i Protecció a la infancia i adolescència).

 

Muchas personas trabajadoras del ámbito hacen mofa con ello. El gobierno de turno cambia las siglas de la Dirección General; lo anuncia a bombo y platillo como la solución a todos los problemas de la infancia (recordemos que se busca tapar un poco un escándalo); indica que se contratarán a unas decenas de profesionales en los próximos meses o años y a continuación empieza una suerte de cambios internos de referentes, departamentos, encargos, organización y gestión de casos. De repente todo se revoluciona dentro de la Dirección general y los que no trabajamos directamente allí (o sea, la inmensísima mayoría de profesionales que estamos contratados por entidades del 3r sector) empezamos a recibir demandas distintas, cambios de referentes, nuevas peticiones o cambios en el perfil de ingresos sin que nadie nos haya explicado la orientación general de nada… me encantaría adentrarme ahí ahora pero lo haré otro dia.

 

Lo que quiero plantear -que creo que no se le da el valor que merece- es la introducción del término PREVENCIÓN.

Ya lo he comentado al inicio. Todos los expertos lo ponemos como principio fundamental pero la administración siempre es reactiva. “Prevenir” es mucho más complicado, grande y desordenado que “intervenir” puesto que el foco de la primera es tan grande que obliga a tener una visión integral y universal (recordemos esta palabra que tanto miedo da en política) pero en el modelo de “intervención” el foco está claro: trabajar sobre un problema concreto con los medios más eficaces y organizados de los que se disponga.

 

Nuestra profesión está inmersa en la “intervención” y tratamiento: una suerte de recursos concretos para abordar la protección a la infancia en contextos en que sus derechos ya han sido vulnerados desde el maltrato, la negligencia o el abuso. En ello se ha trabajado desde siempre. Pero ahora mismo se puede y se debe abrir un nuevo escenario. Una palabra, PREVENCIÓN, debería cambiarlo todo. Y no. No me refiero a la multitud de pequeños cambios, contratos, recursos burocráticos, departamentos que en estos momentos se han anunciado. Ello no es PREVENCIÓN. Me refiero a que la introducción de este concepto en unas siglas tan importantes debiera hacernos despertar no ya como profesionales sino también y especialmente como ciudadanos para exigir a nuestra administración una política decidida y integral de atención a la infancia, adolescencia y familia realmente de PREVENCIÓN y cuidado y no sólo de intervención en procesos problemáticos en una dinámica únicamente reactiva.

 

Una ley (la de drets i oportunitats de la infancia i adolescencia) promueve, por ejemplo, a parte de la protección de los derechos, la participación activa de la infancia y más importante aún, la elaboración de planes para la igualdad de oportunidades, así como desarrollar una mirada interdepartamental, integral. Estos dos últimos elementos son los únicos que pueden garantizar esa PREVENCIÓN  de la que hablamos y en esa línea, el govern no ha nombrado nada en particular.

 

Veamos un esquema rápido de dicha ley.

 

• La ley no crea un sistema solo para “intervenir” en crisis, sinó para garantizar condiciones que eviten que la vulneración llegue a producirse.
• El enfoque es integral, universal y proactivo, no reactivo.

 

PREVENCIÓN UNIVERSAL

(Lo que ahora encaja directamente con el cambio DGAIA → DGPPIA)

• Apuesta explícita por políticas públicas que reduzcan desigualdades estructurales antes de que evolucionen hacia riesgo social.
• Contempla la infancia como sujeto de derechos, no como destinataria pasiva de “intervenciones”.
• Introduce la obligación de coordinación interdepartamental: social, educativo, sanitario, justicia juvenil, vivienda, ocio, participación, etc.
• Pone énfasis en:
• Detección precoz.
• Acompañamiento comunitario antes del conflicto.
• Sostenimiento de vínculos familiares.
• Servicios preventivos en proximidad (municipales, comunitarios, educativos).
• La ley deja claro que prevenir no es un servicio residual, sino un mandato político general.

 

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (la parte que nunca se aplica pero está en la ley)

• La ley obliga a elaborar planes de igualdad de oportunidades para la infancia y adolescencia, de carácter transversal.
• Garantiza el derecho a:
• Educación inclusiva y compensadora.
• Salud mental accesible.
• Participación real en la vida pública.
• Condiciones de vida dignas independientemente del origen familiar.
• Promueve que la administración actúe de forma anticipada cuando un territorio, barrio o comunidad acumula factores de riesgo social.
• Introduce el principio de no discriminación como eje operativo, no solo declarativo.
• La idea-fuerza: sin igualdad de oportunidades, no existe prevención. Solo parcheo.

 

 MODELO DE GOBERNANZA

• Obliga a las administraciones a trabajar coordinadamente, superar compartimentos estancos y dejar de delegar toda la carga en EAIA, centros o servicios sociales.
• Define la participación infantil como herramienta preventiva (dar poder → reducir vulnerabilidad).
• Insiste en que la prevención necesita recursos estables, políticas a largo plazo y corresponsabilidad social.

 

EN RESUMEN: LO QUE LA LEY ESTABLECE Y LA POLÍTICA NO HACE

1. La ley apuesta por prevención universal (no solo de riesgo).
2. La ley apuesta por igualdad de oportunidades como obligación pública.
3. La ley apuesta por mirada integral (Educació + Salut + Serveis Socials + municipis).
4. La práctica real ha quedado limitada a intervención reactiva, parcheo y soporte al colapso del sistema.

 

La inclusión del término PREVENCIÓN en las nuevas siglas de la Dirección General no debería ser una anécdota ni un gesto cosmético para capear escándalos. En realidad, si tomáramos en serio lo que dice la Llei 14/2010, ese término obligaría al Govern —a éste y a los que vendrán— a virar por completo la manera de entender la protección a la infancia.

Prevenir no es abrir nuevos departamentos ni mover referentes. No es reorganizar expedientes ni maquillar estructuras. Prevenir significa asumir que la igualdad de oportunidades no es un lujo, sino un derecho básico que debe sostenerse con políticas universales, interdepartamentales y sostenidas en el tiempo. Significa actuar antes del daño, no después. Significa que un niño o una niña no deba entrar nunca en nuestro sistema porque su comunidad, su escuela y su familia recibieron a tiempo los apoyos necesarios.

Significa, también, que como ciudadanía deberíamos exigir este enfoque con la misma contundencia con la que exigimos escuelas públicas dignas o una sanidad accesible.

La Llei 14/2010 ya marca este camino. Habla de igualdad de oportunidades, de participación, de corresponsabilidad pública y de prevención universal.

Lo que falta —lo que siempre ha faltado— es la voluntad política para convertir esas palabras en una prioridad real. Soy consciente que ello es arriesgado puesto que se trata de abrir un nuevo frente con consecuencias electorales: señalar a la población el COMPROMISO TOTAL de la administración para con la Igualdad de oportunidades supone tener que asumir esa carga dando explicaciones al electorado de una medida universal tal como la salud o la educación (que de hecho estaría directamente involucrada).

 

Si el Govern ha decidido incorporar PREVENCIÓ a las siglas de la Dirección General, entonces que asuma las consecuencias:

• Llenarla de contenidos reales y hacer una apuesta económica de país.
• Escuchar a todos los agentes involucrados (infancia, familia, recursos, profesionales…).
• Diseñar una estructura superadora de la pura Intervención dónde:
• Se dignifique el actual aparato de protección desde una apuesta para "cuidar a los que cuidan" (equipos educativos de centros, etc) y una mejora estructural del sistema que asegure no sólo cumplir la ley de protección sino que pueda demostrar resultados excelentes.
• Se priorice económicamente la atención a la infancia desde proyectos universales de salud mental, atención socioeducativa en escuelas e IES, derecho gratuito a la educación en el tiempo libre, políticas reales para habitatge, etc.
• Se atienda desde una primera linea todas aquellas situaciones que no debieran degenerar en tutelas administrativas desarrollando un aparato de recursos sociales que pueda atender en domicilio (educadores sociales), desde las escuelas, atención profunda a famílias, centros abiertos mucho más potentes, es decir, generar prácticamente de la nada - porque no nos engañemos, serveis socials de la mayoría de municipios está prácticamente colapsado y no pueden realizar este trabajo ahora mismo- una suerte de servicios universales potentes y rápidos que puedan realmente ser preventivos y evitar que situaciones complejas evolucionen a muy muy complejos de recuperar (lo que actualmente nos encontramos muchas veces en los centros residenciales).