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Siempre tuve la sensación de que nuestra profesión
y las personas a la que atendemos no fueron jamás prioridad en la agenda
política. Ello es una obviedad en aquellos partidos identificados como las
“derechas” o los “demócratas cristianos”, como en los ochentas y noventas
gustaron denominarse en Catalunya para una diferenciación más clara de las
casposas élites estatales.
Sin embargo, tampoco los supuestos partidos
progresistas terminan apostando por nosotros y menos aún por el aparato de
protección a la infancia.
Ni estamos ni estaremos en la agenda política
porque no somos ninguna prioridad que de réditos electorales. Las familias,
infancia y adolescencia que atendemos no son ni tantos como para que “se
evidencien” en las elecciones ni cuentan con gran incidencia en la creación de opinión pública.
Cuando se dan estos elementos, pura y llanamente, estamos ante un conjunto de
población invisible para la casta política.
Nuestro ámbito de protección a la infancia,
concretamente la actual DGPPIA, antigua DGAIA, DGAI o DGAM siempre se ha
entendido y tratado como actividad de intervención, es decir, del tratamiento
de la tutela, acompañamiento a las familias, centros, acogidas, etc. El término “prevención” siempre ha estado en
boca del cien por cien de expertos, profesionales y políticos progresistas que,
una vez en el poder y observando la envergadura de la situación, han terminado
mirando para otro lado.
En este orden de cosas, la administración considera
al sistema de protección como un "marrón" inmenso puesto que no
responde a la mejora de condiciones de vida de una parte de la población que lo
va a agradecer en las urnas sino más bien a un ámbito que puede ser usado
políticamente en cualquier momento sin mayores beneficios. Por ello y dejando
al margen los diversos escándalos destapados estos últimos dos años relativos a
cierta opacidad en las prestaciones a jóvenes extutelados y diversos intríngulis
financieros en los años en que la Dirección general andaba en manos de ERC,
todos los técnicos que trabajamos en el sistema tememos aquello de "salir
en los periódicos". Y es que nuestra responsabilidad inmensa en un sistema
que retira funciones parentales a las familias, que acoge y tutela a niños y
niñas y que debe hacerse cargo de sus vidas de manera integral siempre está en
el ojo del huracán periodístico -atendiendo al gobierno de turno serán unos
medios u otros los que muestren su voracidad- y puede ser usado como arma
política de gran calibre.
Así pues, yo trabajo como parte importante del
sistema de protección (la dirección de un recurso residencial) y soy consciente
que desde la mirada política (tanto da el color), mi trabajo no aporta
demasiado al impulso de uno u otro partido. Tal vez desde un par o tres de
colores sí que se valore nuestra aportación a la sociedad y el valor de nuestro
esfuerzo (desde otros tres seguro que no). Pero nuestro trabajo no se evidencia
en el electorado final. Sin embargo -y de ahí gran parte de las preocupaciones del
sistema- lo que sí afecta con gran estropicio son las negligencias, las malas
prácticas, irregularidades, injusticias y grandes barrabasadas que los medios
relaten, descubran, muestren o hasta medio inventen.
Hechos que, por desgracia, pueden darse y se han
dado en el sistema de protección como abusos entre adolescentes, trámites mal
realizados, violencia y malos tratos, injusticias para con familias,
negligencias, equivocaciones u otros desastres tienen un impacto tan
desmesurado para las personas implicadas que son la carnaza perfecta para que
los medios puedan "crujir" a conciencia a la dirección general a
cargo del partido de turno. Lo que menos importará en ese momento son las
personas (casi siempre niños, niñas, adolescentes y familias) y saldrá a la
palestra en todo su esplendor el cuestionamiento de protocolos, la depuración
de responsabilidades en cascada progresiva, como siempre: los periódicos
apuntan a presidencia, esta a su vez a Conselleria que dispara hacia dirección
general y de ahí hasta llegar a la dirección del recurso o al técnico en
concreto al que abrir el expediente informativo como poco. Es el juego político
de toda la vida a través de los medios, aunque en nuestro ámbito las vidas en concreto
no le importan a casi nadie: el periodista de turno se ensaña o protege en
nombre de su "línea editorial", la administración cumple su cometido
de depurar responsabilidades verificando todos los pasos de la supuesta
negligencia y el político salva la situación desviando el tema para otro lado.
Y al final, las personas afectadas, las víctimas de situaciones injustas
vuelven a invisibilizarse en las tinieblas de la administración para no
reconocer que muchas de estas situaciones injustas, de negligencias, abusos,
desastres, situaciones violentas, injusticias, etc realmente no existirían o
serían infinitamente más leves con una dotación adecuada de recursos para
ayudarles de verdad.
Vamos ahí con algunos "detalles" rápidos
que la población desconoce sobre el sistema de protección a la infancia:
- La infancia y
adolescencia tutelada no ha dejado de crecer en Catalunya los últimos años
de forma brutal.
- Las emergencias,
incidencias graves, fugas, etc en las diversas tipologías de centros
tampoco han dejado de crecer en un sistema de proyectos residenciales
dónde abunda la falta de plazas, las listas de espera, los ingresos
urgentes en recursos poco adecuados, los equipos quemados, las direcciones
desbordadas…
- Los EAIA (equipos
encargados de acompañar socioeducativamente a niños y familias, pero
también de promover tutelas con ingreso en centro) trabajan a destajo
abrumados por un sistema administrativo que sumado al creciente número de
personas que requieren atención provoca que muchas situaciones complejas
evolucionen hacia verdaderas urgencias insalvables.
- La problemática social
relacionada con la alarma en salud mental infantil y adolescente se
dispara hasta límites inimaginables en nuestro ámbito, en el que miles de
niños y niñas que han vivido en contextos familiares de negligencia y
maltrato deben ser acompañados después por profesionales, ya sea en
centros o acompañando acogidas familiares en una inevitable falta de
recursos de salud mental endémica por mucho que existan pequeños convenios
interdepartamentales entre salud i drets socials.
- La gran mayoría de
profesionales dedicados a la atención en centros residenciales andan
sumidos en una precariedad laboral indignante (dado el trabajo brutal que
tienen) puesto que casi todos ellos trabajan en entidades del tercer
sector sujetas a convenios que la administración tampoco ayuda a mejorar.
De hecho, la gran mayoría de los educadores y educadoras cobran apenas la
mitad que sus escasos compañeros de la función pública para ejercer
exactamente el mismo trabajo, recordemos, un durísimo trabajo. Ello
provoca -recordemos que los profesionales ponemos cuerpo (literal) y alma
en el trabajo- que el abandono laboral, las rotaciones de personal y el
desánimo sean tónica general en lugares de protección en los que debería
primar la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad absoluta para con
la infancia y adolescencia acogida, por desgracia acostumbrada a ir
perdiendo referentes afectivos y actuando ello a la contra en su proceso
vital.
Seguramente también debería nombrar muchos de los
aciertos de técnicos, administración, profesionales y demás, pero sin duda me
estaría centrando en el quehacer de personas y proyectos concretos que sí que
apuestan y trabajan incansablemente en beneficio de la infancia.
Sería muy injusto acusar al gobierno de turno o al
anterior de la situación a la que llegamos porque todo ello no es fruto de una
sola decisión sino de un acúmulo histórico lleno de aciertos (el nuevo sistema
de serveis socials desde los noventa, la desinstitucionalización de los
ochenta, la llei de drets i oportunitats, la cartera de serveis socials y
otros) y de errores o negligencias variadas.
Pero todo ello nos ha llevado hasta el dia de hoy.
Y hoy justamente me gustaría detenerme en el cambio en las siglas. La DGAIA ha
pasado a denominarse DGPPIA (Direcció general de PREVENCIÓ i Protecció a la
infancia i adolescència).
Muchas personas trabajadoras del ámbito hacen mofa
con ello. El gobierno de turno cambia las siglas de la Dirección General; lo
anuncia a bombo y platillo como la solución a todos los problemas de la
infancia (recordemos que se busca tapar un poco un escándalo); indica que se
contratarán a unas decenas de profesionales en los próximos meses o años y a
continuación empieza una suerte de cambios internos de referentes,
departamentos, encargos, organización y gestión de casos. De repente todo se
revoluciona dentro de la Dirección general y los que no trabajamos directamente
allí (o sea, la inmensísima mayoría de profesionales que estamos contratados
por entidades del 3r sector) empezamos a recibir demandas distintas, cambios de
referentes, nuevas peticiones o cambios en el perfil de ingresos sin que nadie
nos haya explicado la orientación general de nada… me encantaría adentrarme ahí
ahora pero lo haré otro dia.
Lo que quiero plantear -que creo que no se le da el
valor que merece- es la introducción del término PREVENCIÓN.
Ya lo he comentado al inicio. Todos los expertos lo
ponemos como principio fundamental pero la administración siempre es reactiva.
“Prevenir” es mucho más complicado, grande y desordenado que “intervenir”
puesto que el foco de la primera es tan grande que obliga a tener una visión
integral y universal (recordemos esta palabra que tanto miedo da en política)
pero en el modelo de “intervención” el foco está claro: trabajar sobre un
problema concreto con los medios más eficaces y organizados de los que se disponga.
Nuestra profesión está inmersa en la “intervención”
y tratamiento: una suerte de recursos concretos para abordar la protección a la
infancia en contextos en que sus derechos ya han sido vulnerados desde el
maltrato, la negligencia o el abuso. En ello se ha trabajado desde siempre.
Pero ahora mismo se puede y se debe abrir un nuevo escenario. Una palabra,
PREVENCIÓN, debería cambiarlo todo. Y no. No me refiero a la multitud de
pequeños cambios, contratos, recursos burocráticos, departamentos que en estos
momentos se han anunciado. Ello no es PREVENCIÓN. Me refiero a que la
introducción de este concepto en unas siglas tan importantes debiera hacernos
despertar no ya como profesionales sino también y especialmente como ciudadanos
para exigir a nuestra administración una política decidida y integral de
atención a la infancia, adolescencia y familia realmente de PREVENCIÓN y
cuidado y no sólo de intervención en procesos problemáticos en una dinámica
únicamente reactiva.
Una ley (la de drets i oportunitats de la infancia
i adolescencia) promueve, por ejemplo, a parte de la protección de los
derechos, la participación activa de la infancia y más importante aún, la
elaboración de planes para la igualdad de oportunidades, así como desarrollar
una mirada interdepartamental, integral. Estos dos últimos elementos son los
únicos que pueden garantizar esa PREVENCIÓN
de la que hablamos y en esa línea, el govern no ha nombrado nada en
particular.
Veamos un esquema rápido de dicha ley.
- La ley no crea un sistema solo para “intervenir” en crisis, sinó para garantizar condiciones
que eviten que la vulneración llegue a producirse.
- El enfoque es integral, universal y proactivo, no
reactivo.
PREVENCIÓN UNIVERSAL
(Lo que ahora encaja directamente con el cambio DGAIA → DGPPIA)
- Apuesta explícita por políticas públicas que reduzcan desigualdades estructurales antes de que evolucionen hacia riesgo social.
- Contempla la infancia como sujeto de derechos, no como destinataria
pasiva de “intervenciones”.
- Introduce la obligación de coordinación interdepartamental: social,
educativo, sanitario, justicia juvenil, vivienda, ocio, participación,
etc.
- Pone énfasis en:
- Detección precoz.
- Acompañamiento comunitario antes del conflicto.
- Sostenimiento de vínculos familiares.
- Servicios preventivos en proximidad (municipales, comunitarios,
educativos).
- La ley deja claro que prevenir no es un servicio residual, sino un mandato político general.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (la parte
que nunca se aplica pero está en la ley)
- La ley obliga a elaborar planes de igualdad de oportunidades para la infancia y adolescencia, de carácter transversal.
- Garantiza el derecho a:
- Educación inclusiva y compensadora.
- Salud mental accesible.
- Participación real en la vida pública.
- Condiciones de vida dignas independientemente del origen familiar.
- Promueve que la administración actúe de forma anticipada cuando un territorio, barrio o comunidad acumula factores de riesgo
social.
- Introduce el principio de no discriminación como eje operativo, no
solo declarativo.
- La idea-fuerza: sin igualdad de oportunidades, no existe prevención.
Solo parcheo.
MODELO DE GOBERNANZA
- Obliga a las administraciones a trabajar coordinadamente, superar compartimentos estancos y dejar de delegar toda la carga en
EAIA, centros o servicios sociales.
- Define la participación
infantil como herramienta preventiva (dar poder →
reducir vulnerabilidad).
- Insiste en que la prevención necesita recursos estables, políticas a largo plazo y
corresponsabilidad social.
EN RESUMEN: LO QUE LA LEY ESTABLECE Y LA POLÍTICA NO HACE
- La ley apuesta por prevención universal (no solo
de riesgo).
- La ley apuesta por igualdad de oportunidades como
obligación pública.
- La ley apuesta por mirada integral (Educació + Salut +
Serveis Socials + municipis).
- La práctica real ha quedado limitada a intervención reactiva, parcheo y soporte al colapso del sistema.
La inclusión del término PREVENCIÓN en las nuevas siglas de la Dirección General no
debería ser una anécdota ni un gesto cosmético para capear escándalos. En
realidad, si tomáramos en serio lo que dice la Llei 14/2010, ese término
obligaría al Govern —a éste y a los que vendrán— a virar por completo la manera
de entender la protección a la infancia.
Prevenir no es abrir nuevos departamentos ni mover referentes. No es
reorganizar expedientes ni maquillar estructuras. Prevenir significa asumir que
la igualdad de oportunidades no es un lujo, sino un derecho básico que debe
sostenerse con políticas universales, interdepartamentales y sostenidas en el
tiempo. Significa actuar antes del daño, no después. Significa que un
niño o una niña no deba entrar nunca en nuestro sistema porque su comunidad, su
escuela y su familia recibieron a tiempo los apoyos necesarios.
Significa, también, que como ciudadanía deberíamos exigir este enfoque con
la misma contundencia con la que exigimos escuelas públicas dignas o una
sanidad accesible.
La Llei 14/2010 ya marca este camino. Habla de igualdad de oportunidades,
de participación, de corresponsabilidad pública y de prevención universal.
Lo que falta —lo que siempre ha faltado— es la voluntad política para
convertir esas palabras en una prioridad real. Soy consciente que ello es
arriesgado puesto que se trata de abrir un nuevo frente con consecuencias
electorales: señalar a la población el COMPROMISO TOTAL de la administración
para con la Igualdad de oportunidades supone tener que asumir esa carga dando
explicaciones al electorado de una medida universal tal como la salud o la
educación (que de hecho estaría directamente involucrada).
Si el Govern ha decidido incorporar PREVENCIÓ a las siglas
de la Dirección General, entonces que asuma las consecuencias:
- Llenarla de contenidos reales y hacer una apuesta económica de país.
- Escuchar a todos los agentes involucrados (infancia, familia,
recursos, profesionales…).
- Diseñar una estructura superadora de la pura Intervención dónde:
- Se dignifique el actual aparato de protección desde una apuesta para
"cuidar a los que cuidan" (equipos educativos de centros, etc)
y una mejora estructural del sistema que asegure no sólo cumplir la ley
de protección sino que pueda demostrar resultados excelentes.
- Se priorice económicamente la atención a la infancia desde proyectos
universales de salud mental, atención socioeducativa en escuelas e IES,
derecho gratuito a la educación en el tiempo libre, políticas reales para
habitatge, etc.
- Se atienda desde una primera linea todas aquellas situaciones que no
debieran degenerar en tutelas administrativas desarrollando un aparato de
recursos sociales que pueda atender en domicilio (educadores sociales),
desde las escuelas, atención profunda a famílias, centros abiertos mucho
más potentes, es decir, generar prácticamente de la nada - porque no nos
engañemos, serveis socials de la mayoría de municipios está prácticamente
colapsado y no pueden realizar este trabajo ahora mismo- una suerte de servicios
universales potentes y rápidos que puedan realmente ser preventivos y
evitar que situaciones complejas evolucionen a muy muy complejos de
recuperar (lo que actualmente nos encontramos muchas veces en los centros
residenciales).
